중남미

La Educación Infantil es un derecho reconocido en l Convención de Derechos de los Niños (2005). Sin embargo, este derecho ha sido pasado por alto, pues muchos países no tienen programas oficiales para los primeros años de infancia, o si tienen algunos programas, éstos no son efectivos. En 1966, el gobierno brasileño adoptó la política de integrar dentro del sector educativo la responsabilidad administrativa de las sala-cunas de niños y niñas de cero a tres años y de los preescolares de cuatro a seis años, lo cual fue un primer paso para la expansión de la provisión de Educación Inicial. Diez años más tarde, todavía hay una carencia de establecimientos públicos y los gobiernos locales no le dan alta prioridad en sus presupuestos a esta fase de la educación.Este artículo se dirige a analizar la experiencia brasileña de Educación Inicial, con el fin de identificar los obstáculos que todavía impiden lograr las metas establecidas. El análisis empírico se enfoca hacia las diferencias entre las regiones del país y entre las etapas de expansión de la Educación Inicial, para medir la brecha existente entre el número de matrículas y la demanda por cupos. Se evalúan los datos oficiales, como el número de establecimientos y de matrículas desde 1996 hasta 2006. El análisis señala algunos obstáculos que deberían superar los gobiernos locales para poder mejorar la provisión y la calidad de la Educación Inicial.Se argumenta el planteamiento acerca de que la formación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía constituyen una estrategia privilegiada para alcanzar procesos de justicia social, pero a su vez, que la garantía de justicia desde el Estado requiere el reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos, con criterios de equidad social, que hagan posible mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, con oportunidades en términos de acceso y distribución de recursos.El artículo se centra fundamentalmente en el reconocimiento de la ciudadanía desde una perspectiva de derechos, a la que sólo es posible llegar a través de procesos de formación y educación que la relacionen con un concepto de justicia, construido también desde la perspectiva de derechos.